El escándalo que estalló en Viña del Mar la última semana de noviembre por el hallazgo de diez cadáveres de perros en el contenedor que se encuentra en el patio del canil clínico de la municipalidad, no ha sido zanjado, como se afirmara erróneamente en un telediario reciente del canal católico local. Pero en realidad nadie sabe qué ocurrirá ahora. Lo que sí sabemos es que no habrá de momento ninguna investigación, ni de parte de las autoridades viñamarinas ni de parte de nadie. Además, en lo que parece una postura aberrante, algunos parecen dudar del hallazgo mismo.

En su blog, en respuesta a una pregunta de Pepa García, el 1 de diciembre de 2008 la alcaldesa recién reelegida, Virginia Reginato Bozzo, defendía la inocencia de su gobierno diciendo que “durante mi administración nada se ha hecho transgrediendo la ley y mucho menos en materia medioambiental. Antes de dar una opinión es importante informarse bien y, tal como usted señala, su comentario es de acuerdo a lo que le informan desde el movimiento animalista, que no siempre tienen todos los antecedentes de cada caso.
“Efectivamente habían algunos perros muertos, pero estos fueron sacrificados por motivos extremos, luego que sus propietarios los llevaran para una revisión en este Departamento, ya que presentaban diferentes anomalías y era imposible mantenerlos con vida, al menos no con una vida digna. Y usted puede solicitar la ficha de dichas intervenciones.
“En Viña del Mar, nuestra principal preocupación ha sido la esterilización de los perros, que está inserto en el Programa de Control Canino y donde anualmente se esterilizan más de mil ejemplares con recursos propios, porque sé que es la mejor manera de evitar la proliferación de perros en las calles” (en el blog de la alcaldesa).

Pero según las informaciones que recopilaron Aída Rerequeo y otras animalistas que encontraron los cadáveres, lo que defiende la alcaldesa no se ajusta a la verdad. Para comenzar, según sabemos todos, las activistas fueron llamadas por funcionarios -que no se pueden identificar por temor a represalias- abatidos por el aumento en la cantidad de perros sacrificados que vienen observando en las últimas semanas, como parte de lo que parece ser una política de exterminio para despejar las calles de perros abandonados antes de que empiece la temporada de verano. Estos funcionarios han explicado que las matanzas son diarias y que, contrariamente a lo que dice la alcaldesa, en el canil la señora Claudia Bilbao y otras empleadas municipales matan a perros y cachorros sanos que son retirados de las calles diariamente por los funcionarios de la instalación. Según esos funcionarios las matanzas se practican durante todo el año, pero se exacerban para estas fechas en relación con la peculiar idea de limpieza que manejan en la municipalidad, que parece implicar calles sin perros, sean estos abandonados o no. Los funcionarios han constatado un promedio de diez perros por día.

Estas prácticas de eutanasia ilegal vienen siendo denunciadas desde hace varios años y hay numerosos testigos y vecinos que las han constatado, tras perder a sus propias mascotas y mascotas bajo su tutoría a manos de los funcionarios de la clínica municipal.

Este estado de cosas fue también denunciado a la alcaldesa por un lector, según me consta, en una carta del 3 de diciembre, que no fue publicada. Dice así: “[…] Estimada alcaldesa, en relación con el escándalo del canil creo que a usted sus subordinados le mienten […]. Creo que sería muy bueno para todos que usted pida una investigación independiente de lo que está pasando allá en el canil […]. Hoy por hoy, todos sabemos que en el canil matan a perros callejeros y sanos. No es posible que sea justamente usted la única que no lo sabe o no quiere saber […]. Al día siguiente de la manifestación, sus subalternos mataron a 15 perros más. En su canil se mata hoy en día a más perros que en todo Santiago, que es varias decenas de veces más grande que Viña. Usted no puede creer que eso sea posible. Creo sinceramente que usted debe escuchar más a la ciudadanía, y menos a funcionarios que tienen interés creado en conservar sus cargos”.

El lector sugiere que el único modo de resolver este asunto, i.e. descubrir la verdad sobre lo que está pasando en el canil, es dejándolo en manos de tribunales, lo que supondría, para iniciar una pesquisa judicial, interponer una querella criminal por maltrato animal. Una investigación independiente es indispensable, dice, toda vez que “[…] única persona a la que sus subalternos están obligados a decir la verdad no es usted sino un juez”.

La alcaldesa no puede ignorar, obviamente, que la señora Claudia Bilbao, responsable directa de la política de exterminio, viene siendo cuestionada hace años por vecinos de la ciudad, entre quienes se quedó grabada para siempre en el alma la imagen de la mujer que en 2003 persiguió, atrapó y mató a perros abandonados en un vertedero para arrancarles el corazón y otros órganos para hacer experimentos (el documento ha sido reproducido en teleperra). Toda una doctora Frankenstein.

¿Cree la alcaldesa que sabiendo lo que sabemos sobre la señora Bilbao los vecinos le preguntaremos a ella que explique las muertes en su canil? Es justamente a ella a la que se acusa de matar a esos perros, y no se espera que vaya a dar respuestas verosímiles. Es justamente por esta falta absoluta de confianza y credibilidad de los funcionarios de la clínica municipal que se denunciaron esos hechos y se está pidiendo una investigación independiente, judicial o de otro tipo posible de acordar. “Antes de dar una opinión es importante informarse bien”, escribe la alcaldesa. ¿Cómo nos vamos informar bien preguntándole a la persona que sospechamos de cometer un crimen? ¿Qué valor podrían tener las declaraciones de esos funcionarios? ¿Qué utilidad tendría revisar las fichas de la señora Bilbao? ¿Qué va a sacar el gato con explicar la desaparición de los pescados de la pescadería? Tampoco le creería la alcaldesa. De aquí viene la urgente necesidad de que alguna instancia independiente corrobore y fiscalice permanentemente lo que está pasando en el canil clínico.

Aberrantemente, algunas animalistas han puesto en duda la validez de las fotografías de Aída Rerequeo, pese a que esas fotos demuestran que en la clínica en realidad se están matando perros, lo que es ciertamente ilegal, se trate de perros ‘entregados’ por sus dueños -lo que no tiene ninguna validez jurídica- o de perros secuestrados en las calles. Las labores de investigación no las puede iniciar un particular. ¿Permitiría la alcaldesa que los eventuales ciudadanos investigadores entren libremente a la clínica, a cualquier hora del día y sin aviso previo, para verificar la legalidad de lo que ocurre con los perros? ¿Permitiría que los ciudadanos investigadores entrevistasen a todos los funcionarios que estimen pertinente, bajo juramento de decir la verdad, y que comprobasen la verosimilitud de sus dichos? La respuesta es probablemente negativa, y si es negativa, una investigación independiente a realizar por los ciudadanos simplemente no es posible.

La llamada ‘entrega voluntaria’ no tiene ningún anclaje jurídico de ningún tipo, y además es un concepto viciado en su origen. Como no existe en la mayoría de las comunas la obligación de inscribir a las mascotas como pertenecientes a la familia o al inmueble de la familia, no existe ningún documento que certifique la propiedad de ellas. Cualquiera puede llegar a la clínica con un perro y decir que es suyo, pidiendo su muerte. Cualquiera puede pedir la eutanasia de un perro callejero diciendo que es su dueño. Y esto precisamente es lo que también ha ocurrido y ha sido denunciado por vecinos concernidos.

También existen otros testimonios sobre el nivel de formación y profesionalismo del personal. A personas que han acudido a la clínica a pedir ayuda para mascotas propias o ajenas en casos de atropellos o enfermedades, las profesionales de la clínica municipal les han ofrecido matarlas gratuitamente. Han ofrecido el mismo consejo médico para mascotas que ni siquiera han visto, recomendando por teléfono su muerte. (Conozco los casos de Robin o Caballo, que vivía en Caleta Abarca, y Lanudo Muñoz, de Forestal Alto. Al primero lo fueron a recoger con la intención de eliminarlo; el segundo fue recogido en la calle por una vecina, la que llamó a la clínica municipal pidiendo ayuda y le ofrecieron matarlo como única solución. Lo llevó a una consulta privada, donde el veterinario estimó absurda esa recomendación. Hoy Lanudo Muñoz vive feliz con su nueva familia, y se recupera rápidamente).

Las dudas sobre el nivel de formación académica se acentúan si nos paramos a pensar en la práctica de arrojar los cadáveres de los perros sacrificados a un contenedor. Este contenedor es trasladado a un vertedero de la ciudad, lugar también frecuentado por perros abandonados que probablemente podrían comer de esos cadáveres contaminados o envenenados, empeorando la situación médica de los perros del vertedero y creando en potencia también un problema de salud pública.

En una nota de El Mercurio de Valparaíso de ayer 8 de diciembre de 2008, la alcaldesa Reginato afirma que el programa municipal de control canino “[…] no contempla la eliminación como la forma de disminuir la población de perros, sino más bien su esterilización, y por sobre todas las cosas, pretende crear conciencia en los vecinos sobre lo importante que es la tenencia responsable de los animales”. Ya lo había dicho uno de sus funcionarios -el señor Moya-, pero padrinos concernidos vienen constatando persistentes desapariciones de perros (véase mQh).

Pero pese a lo que afirma la alcaldesa, y sin ánimo alguno de quitar méritos al programa oficial de control canino de la municipalidad, las repetidas denuncias de vecinos y padrinos sobre la desaparición de mascotas, que se vienen prolongado por varios años, siembran en el corazón de la opinión pública tenebrosas sospechas, que el hallazgo de cadáveres en el contenedor del canil, y la denuncia de la posterior ejecución de quince perros al día siguiente de la manifestación, no parecen más que confirmar.

En lugar de creer a ciegas en lo que parecen ser falsedades de sus funcionarios, debería prestar más oído a lo que dice la opinión pública, y esta se manifestó frente al edificio municipal ese día de noviembre cuando exigió que el llamado canil de la municipalidad sea investigado por instancias independientes.

Sin esta investigación, mientras no cambien los programas encubiertos en la clínica municipal, y/o se permita una intervención y fiscalización ciudadana más activa, la ciudadanía seguirá creyendo que en la ciudad de la alcaldesa se aplican aberrantes e injustificadas políticas de exterminio. Y digo todo, como dije, sin quitar mérito a los planes de esterilización y campañas de tenencia responsable que dice la alcaldesa que serán implementados. Ojalá, pues tiene la alcaldesa razón en que la esterilización es “[…] la mejor manera de evitar la proliferación de perros en las calles”.

A mí no me molestan los perros en la calle, al contrario, pero entiendo lo que quiere decir. Lo que a mí y a otros muchos preocupa no es si en las calles viven perros, sino cómo podemos proteger contra el hambre, el frío, las enfermedades y la mera desolación a perros en situación de calle. Los perros abandonados no son el problema, sino quienes les abandonan. Pero sacar a los perros de la calle y exterminarlos ciertamente no es la solución que se merecen ni los perros ni Viña del Mar, ni nadie en este planeta.

[cc mérici]

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