Uno de estos días, mientras visitábamos a nuestros cinco amigos de Caleta Abarca en Viña del Mar, dieron con nosotros tres inspectores municipales que venían con la intención de retirar a Robin (o Caballo, según le conocen otros). Habían llegado a la municipalidad denuncias por agresión.

Era lo que habíamos estado temiendo. Los inspectores tenían que aparecer en algún momento.

Robin es un mestizo de gran danés. Es un perro noble, y muy consciente de lo que cree que es su tarea: la defensa de su territorio. No es peligroso. Ni siquiera agresivo.

Pero es un pesado y suele corretear a la gente que se acerca al paseo de la caleta.

Causa más temor porque su estatura no le favorece. Justamente le llaman Caballo por su tamaño.

Aunque cree que su tarea es ahuyentar a los intrusos, que yo sepa no ha mordido nunca a alguien. Y posee un extraordinario control de sí mismo. Lo he visto observar una furiosa sacudida que le dio la Negrita (una mestiza de Doberman) a Patas Blancas, sin que interviniese.

Los inspectores dijeron que se lo llevarían y lo entregarían al seremi de Salud, que decidiría qué debía ocurrir con él. Dijeron que lo más probable era que el seremi decretara o firmara su ejecución. Les dijimos que eso estaba prohibido y que cómo podía el seremi ordenar la comisión de un delito penado por el Código Penal, recordándoles que la pena máxima era de tres años de cárcel.

La única causal legal para matar a un perro es que este tenga rabia y constituya por eso un peligro para la salud pública.

Una de los inspectores dijo que eso ocurría, pues las autoridades tenían que velar por el bienestar de los ciudadanos. Les dijimos que eso no significaba que debían violar la ley.

También dijeron que era legal que si se acercaba un vecino cualquiera a su unidad a pedir que se aplicase la eutanasia a su perro o gato o mascota, ellos lo hacían, después de que el vecino en cuestión firmara una declaración pidiendo y autorizando la eliminación de la mascota. Eso, les dijimos, también es ilegal. Es un delito.

Todo este intercambio no fue precisamente ameno. En algún momento nos acusaron de cometer nosotros un delito: el de alimentar a perros callejeros.

Este incidente terminó en que nos dieron algunos días de tiempo para encontrar un hogar adoptivo para Caballo. No contaré todos los detalles de la operación. Intervino también la organización Ecópolis. Hoy, Robin se encuentra en una casa de Playa Ancha, con una familia que lo entiende y adora. Está vivo, y contento. Y castrado.

Nos llamó la atención los dichos de los inspectores, especialmente por el hecho de que son los encargados de velar por los perros callejeros de la ciudad. Según nos dijeron, trabajaban para el Departamento de Medio Ambiente, pero se negaron a decirnos dónde quedaba el canil. Tampoco nos dieron un número de teléfono. Sin embargo, la señora que parecía ser la jefa de operaciones se identificó.

También nos llamó la atención porque la alcaldesa de la ciudad, la señora Virginia Reginato, el 4 de septiembre de 2007 en respuesta a un ciudadano había escrito en su blog que la municipalidad, para evitar la proliferación de perros callejeros, recurría, lo que nos consta, a campañas de esterilización, no a la eutanasia. “El municipio”, escribe la alcaldesa, “no tiene ninguna facultad legal para eliminar perros vagos y la perrera, que alguna vez existió fue para mantener a perros que tenían rabia, la que ya está erradicada”.

Lo que hoy se llama ‘el canil de la municipalidad’ no es una perrera sino una pequeña clínica donde -lo que también nos consta- se esteriliza a perros callejeros llevados allá para ser intervenidos, o por los propios inspectores o por sus ‘padrinos’. Luego de la operación, son devueltos a sus lugares habituales. También sabemos que allá pueden los vecinos de menos recursos llevar a sus mascotas para ser operadas.

Así, realizando una labor tan loable, extraña y sorprende el aire de secreto con que se lleva este canil veterinario. Visitando sus instalaciones -en 5 Oriente 890, detrás o al lado del Departamento de Tránsito en 5 Oriente 736-, la médico-veterinario encargada aparentemente del lugar nos dijo que no se podían tomar fotografías ni de las instalaciones ni de ella. Le preguntamos en qué se basaba para decir eso.

Nos pareció sorprendente que en esta época, de democracia y transparencia, pudiese todavía haber algún municipio que prohíba lo que se le ocurra prohibir, sin ofrecer explicaciones coherentes y quizás atendibles. Que lo prohíba la autoridad no es un argumento suficiente.

Es extraño, para decir lo menos. Sobre todo considerando que, a primera vista, en el canil no se hace nada ilegal. Al contrario, nada se puede reprochar a los funcionarios del canil médico. Nos consta que ellos operaron a la Negrita y a Chocolate. A Patas Blancas, según nos contó Wonder World, que vive por ahí, incluso lo atendieron cuando estuvo enfermo.

¿Quién puede tener interés en ocultar las cosas buenas que hace el gobierno municipal?

Obviamente, si existiese ese documento que aparentemente prohíbe tomar fotos del canil, lo único cuerdo que se puede hacer es ignorarlo, por irrelevante y probablemente ilegal.

Nos dijeron luego unos amigos que la amenaza de aplicar eutanasia a Caballo era una táctica de los inspectores para presionar a los padrinos a buscar hogares adoptivos a los perros agresivos que no es aconsejable que vuelvan a las calles. Que en realidad no se los mata.

Si esto fuera verdad, me parece un increíble e inaceptable acto de crueldad, por la aprehensión y angustia que causa a los padrinos. Ciertamente no necesitan estos que ningún funcionario los esté aguijoneando. Si se han convertido en padrinos, es porque hay otros ciudadanos que abandonan a sus mascotas. La situación ideal sería que sus apadrinados viviesen en un hogar con una familia que los quiera y cuide y no los abandone cuando los consideran estorbos.

Sería conveniente que los inspectores utilizaran un poco más de tacto a la hora de hablar con padrinos y otros protectores. Sencillamente no es bueno que los inspectores recurran a trucos torpes o a amenazas sin fundamento para presionar a nadie.

Pero quizás hay algo más. Hay perros retirados de las calles que no vuelven. ¿Adónde los llevan? Si no los matan, porque no tienen rabia, como dice la alcaldesa, ¿por qué no vuelven? Me han dicho algunos vecinos que perros que ellos conocían han sido retirados y no han vuelto.

¿Qué está ocurriendo? ¿Los están matando, pese a la ley, pese a la alcaldesa? ¿Será que el seremi ordena su eutanasia, aunque no tengan rabia?

¿Es por eso el secretismo? ¿Es por eso que la médico-veterinario no quiere que se le tomen fotos ni que se la identifique ni nombre en ningún reportaje ni a favor o en contra del canil? ¿Por qué esas aprehensiones? ¿Tiene miedo de que se descubra que ella está matando a mascotas o perros callejeros y que está obedeciendo órdenes ilegales?

Algún día lo sabremos. Ojalá que las sospechas de los vecinos sean infundadas. Pero ciertamente el secretismo no ayuda a disipar las dudas.

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